Hace pocos meses, Unijepol publicó un comunicado en el que anunciábamos el archivo de las causas de la denominada “Operación Enredadera” contra los exjefes de las Policías Locales de Fuenlabrada, Huesca y Teruel.
La pasada semana hemos conocido el auto, de fecha 19 de julio, del juzgado de instrucción nº 3 de Alcobendas, por el que también se archiva la causa instruida contra Julio Villegas Rueda, hoy jubilado y que fue 2º jefe de la Policía Local de Alcobendas.
Como en los casos anteriores, la resolución judicial es contundente, al afirmar que “Pese a tal amplitud en la imputación de ilícitos penales, la investigación desarrollada no ha permitido obtener indicios serios, relevantes y objetivos de la comisión de ninguno de los referidos delitos” y, en consecuencia, la magistrada acuerda “el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los delitos de prevaricación administrativa y malversaciones de caudales públicos, así como el sobreseimiento provisional respecto del resto de delitos objeto de esta investigación”.
Como ya expresamos en nuestro anterior comunicado, la “investigación” de la UDEF de la Policía Nacional implicó sin ninguna prueba en esta operación -entre otros- a decenas de alcaldes, concejales, jefes y mandos de las Policías Locales de toda España, en un atestado policial basado casi exclusivamente en las escuchas telefónicas realizadas a los directivos de las empresas y plagado de prejuicios hacia los ayuntamientos y las Policías Locales.
Pero, lo peor de todo, es que muchas de los hechos investigados no necesitaban de averiguaciones complejas y costosas, ya que la información necesaria para corroborarlos o desmentirlos se encontraban en las propias páginas web de los ayuntamientos afectados, donde se detalla toda la información sobre los contratos públicos y los funcionarios responsables de los mismos. Pero los “investigadores” ni siquiera hicieron eso, estableciendo elucubraciones llenas de prejuicios, que han perjudicado gratuitamente y de forma muy grave a muchas personas y, entre ellas, a excelentes profesionales de las Policías Locales.
El resumen es que, casi cuatro años después de la detención de nuestros compañeros, no se ha producido ni una sola condena: ni contra los directivos de las empresas implicadas, ni contra los alcaldes, concejales, jefes y mandos de Policía Local que fueron investigados. Muy al contrario, desde que el juzgado de Badalona dispersó su macro causa en decenas de juzgados repartidos por toda España, poco a poco, los juzgados de instrucción de León, Oviedo, Teruel, Fuenlabrada, Huesca y ahora Alcobendas han archivado sus respectivas causas, declarando la inexistencia de delitos y proclamando la inocencia de nuestros compañeros.
A Unijepol le preocupa mucho este tipo de actuaciones policiales, que ponen de manifiesto graves negligencias y deficiencias profesionales, prejuicios ideológicos contra los municipios y las Policías Locales, así como graves faltas de respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la presunción de inocencia.
También nos preocupa que el Ministerio de Interior no establezca procedimientos de control para evaluar objetivamente las actuaciones de unidades de referencia, como es la UDEF. Desgraciadamente, no es la primera vez que la UDEF desarrolla macro-operaciones con detenciones de alcaldes, concejales y mandos de las Policías Locales, que acaban sin condenas y en archivo judicial. Estamos convencidos de que es necesario y urgente adoptar medidas para evitar la repetición de este tipo de operaciones tan ineficaces y dañinas, y exigir responsabilidades disciplinarias a los verdaderos enredadores.
